Multilateralismo a la carta: lo que Panamá verificó sobre la OEA

julio 8, 2026 Legado a las Américas

Autor: Micaela Hierro Dori.¹

Micaela Hierro analiza las tensiones evidenciadas durante la 56.ª Asamblea General de la OEA y reflexiona sobre los distintos significados que hoy adquiere el multilateralismo en el sistema interamericano.

Hoy todos defienden el multilateralismo, pero cada bloque lo defiende precisamente de aquello que el otro considera su razón de ser.

Un mismo concepto, dos interpretaciones

La 56ª Asamblea General de la OEA, celebrada del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá bajo el lema «Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros», y como todo lema suele ser discursivo o un adorno en la convocatoria. Pero basta leer las notas al pie y escuchar los discursos para descubrir que la palabra que dio título al lema —multilateralismo— significó cosas opuestas según quién la pronunciara. Panamá dejó al desnudo una paradoja incómoda: hoy todos defienden el multilateralismo, pero cada bloque lo defiende precisamente de aquello que el otro considera su razón de ser.

Del lado de las izquierdas gobernantes, el multilateralismo se invocó como escudo de soberanía. La representante de México lo dijo sin rodeos: el sistema debe sustentarse en el respeto a la autodeterminación y la no intervención, porque «las soluciones impuestas desde afuera nunca son sostenibles», y las medidas coercitivas unilaterales y las presiones externas «no contribuyen a la paz». Traducción política: la OEA no debe presionar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es la vieja doctrina del multilateralismo como club de Estados que se protegen mutuamente de la mirada ajena, la misma que México estampó en su nota al pie a la resolución sobre Haití. Un multilateralismo que abraza la letra de la Carta de la OEA pero amputa la Carta Democrática Interamericana, cuyo 25º aniversario se conmemoró —ironía involuntaria— en la misma Asamblea.

La soberanía como argumento político

Pero seamos honestos: las derechas también practicaron su propio rechazo a la «injerencia», solo que en otro tablero. Estados Unidos acompañó el consenso de la Declaración de Panamá con notas al pie a por lo menos seis párrafos, incluida la reafirmación del artículo 9 de la Carta Democrática sobre la eliminación de la discriminación de género. El Salvador estableció reserva expresa sobre ese término y sobre cualquier categoría no reconocida en su legislación, invocando —otra vez la palabra mágica— la soberanía nacional. Y en las salas del diálogo con la sociedad civil, plataformas provida y de defensa de la familia, masivas y organizadas, presionaron para frenar cualquier avance terminológico sobre derechos reproductivos y nuevas identidades, en abierta guerra cultural con el bloque de la diversidad. Para estos gobiernos, la «injerencia» intolerable no es la presión sobre las dictaduras sino la agenda de género y los ecos de la Agenda 2030 en las resoluciones hemisféricas.

El resultado es un multilateralismo a la carta: cada bloque quiere una OEA firme en lo que le conviene y prescindente en lo que le incomoda. La izquierda quiere derechos sin democracia exigible; mientras la derecha quiere democracia exigible sin los derechos adjudicados a la mujer que considera ideológicos como el aborto que no es un derecho humano, sino una mala política de género que colisiona con el derecho a la vida. Valga aclarar que los derechos reproductivos de la mujer no deben confrontarse contra el derecho a la vida, que es el primer derecho humano, y ese es parte del disenso que lleva años reflejándose en la OEA y polarizándose más año a año. Y en el medio, los textos se diluyen hasta el mínimo común denominador, como ocurrió con las declaraciones sobre Nicaragua y Haití: condenas correctas que no imponen sanciones nuevas ni abren vías de acción efectivas.

La crisis de resultados de la OEA

En este contexto, resulta injusto el reproche fácil contra Estados Unidos por «desfinanciar» a la organización. Washington aporta cerca de la mitad del fondo regular y la gran mayoría de los fondos específicos que sostienen, entre otras cosas, las misiones de observación electoral y el sistema de derechos humanos. Lo que el subsecretario Christopher Landau planteó en Panamá no fue un ultimátum caprichoso sino una pregunta que cualquier contribuyente responsable haría: la OEA no sufre escasez de reuniones ni de declaraciones, sufre «una escasez de resultados»; el pueblo de la región «no está esperando nuestra retórica; está esperando nuestros resultados». ¿Puede sorprender esa exigencia frente a una organización que lleva años emitiendo declaraciones simbólicas mientras Cuba encarcela a ciudadanos que se manifiestan en las calles, Nicaragua desnacionaliza opositores y Venezuela consuma fraudes sin consecuencias institucionales? El problema no es que el mayor financista pida ejecutividad; el problema es que el resto de los Estados miembros jamás aumentó sus cuotas en términos reales, delegando en Washington el costo de una autonomía que después le reclaman.

El desafío del multilateralismo

Para la sociedad civil perseguida —la nicaragüense que recorrió los pasillos de Panamá desde el exilio, y la cubana que presentó allí sus propuestas de transición— estas asambleas siguen siendo el último dique jurídico frente al autoritarismo regional: sus declaraciones mantienen la alerta internacional y alimentan expedientes que algún día servirán a la justicia. Pero el valor notarial no puede ser el techo de la organización.

El multilateralismo firme que prometía el lema no se demuestra con consensos administrados mediante notas al pie, sino con la Carta Democrática aplicada sin dobles raseros: ni el rasero soberanista que blinda dictaduras, ni el rasero cultural que fragmenta consensos por batallas terminológicas. Si la OEA quiere financiamiento sin condiciones, debe ofrecer resultados sin excusas. Porque la mejor defensa del multilateralismo no es declararlo. Es demostrarlo.