Los avances de México frente al crimen organizado y la cooperación soberana con Estados Unidos
Por: R. Evan Ellis [1] Especialista en seguridad hemisférica y relaciones Estados Unidos/América Latina
R. Evan Ellis analiza los avances del gobierno mexicano frente a los grupos criminales, los límites impuestos por la corrupción y la necesidad de una cooperación bilateral que respete la soberanía de México.
«México no es, técnicamente, un Estado ‘gobernado por los cárteles’ que necesite una acción militar unilateral de Estados Unidos.»
Introducción: corrupción y tensión bilateral
La acusación formulada en abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas volvió a centrar la atención en el grave problema de corrupción de México, impulsado por los grupos criminales del país y, al mismo tiempo, facilitador de sus actividades.
Los antecedentes de penetración de la corrupción en los niveles más altos del Estado mexicano son considerables. Incluyen la sentencia dictada en 2024 contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012; la condena en 2021 de Tomás Yarrington Ruvalcaba, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2005; la condena de su sucesor, Eugenio Hernández Flores; la condena en 2012 del exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid; el arresto y la extradición a México de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016; y el caso de César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016.
También se cuentan las sanciones y acusaciones formuladas por Estados Unidos contra Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017, así como el arresto en octubre de 2020 del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México. El caso Cienfuegos provocó especial consternación en Washington cuando, después de que Estados Unidos lo devolviera a México por insistencia de este país, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —AMLO— desestimó todos los cargos en su contra y publicó abiertamente el expediente, poniendo en riesgo fuentes y métodos utilizados por Estados Unidos.
El propio AMLO fue objeto de sospechas de colaboración con el Cártel de Sinaloa y realizó numerosas visitas públicas a la madre del condenado jefe de esa organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Badiraguato, localidad que llegó a instalar una valla publicitaria para darle la bienvenida.
La atención prestada a la corrupción mexicana de alto nivel y al flujo de fentanilo y otras drogas desde México hacia Estados Unidos llevó al gobierno de Donald Trump a formular declaraciones interpretadas como amenazas de ataques unilaterales estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano. Esto provocó respuestas firmes, aunque diplomáticas, de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que tales acciones serían completamente inaceptables.
El actual discurso sobre la corrupción y las amenazas de una acción unilateral estadounidense, incluso cuando algunas declaraciones hayan sido sacadas de contexto, eclipsa el importante incremento de las acciones emprendidas por el gobierno de Sheinbaum, en comparación con su predecesor, contra los grupos criminales y la inseguridad pública; los notables resultados de esas iniciativas; y la ampliación de una cooperación con Estados Unidos que siempre ha sido significativa en esta lucha.
El autor estuvo en México a finales de julio de 2026, conversando con especialistas en seguridad y otros actores sobre los desafíos del país frente al crimen organizado. Este trabajo refleja esas conversaciones y la investigación complementaria realizada.
Los esfuerzos de México contra el crimen organizado y la colaboración con Estados Unidos
Desde su llegada al poder, el gobierno de Sheinbaum ha intensificado las acciones contra los principales líderes de los cárteles. Su victoria más destacada fue, probablemente, el operativo de febrero de 2026 que, con cierto apoyo de inteligencia estadounidense, terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación —CJNG—, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.
En términos más generales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Sheinbaum, Omar García Harfuch, un experimentado funcionario policial que sobrevivió por poco a un atentado del CJNG en junio de 2020, cuando era jefe de Seguridad de Ciudad de México, ha trabajado discretamente para crear nuevas capacidades de inteligencia e investigación dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —SSPC—, incluida una pequeña unidad de policía de investigación.
Entre octubre de 2024 y febrero de 2026, el gobierno mexicano informó que la administración de Sheinbaum había desmantelado más de 2.300 laboratorios de drogas, superando el total registrado durante todo el gobierno anterior de AMLO. Durante ese período, también informó de la incautación de más de 24.000 armas de fuego y de la detención de 907 personas por extorsión, delito que ha aumentado un 50 % desde 2015.
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el gobierno de Sheinbaum también incautó casi 60 toneladas de cocaína, aproximadamente entre un 20 % y un 40 % más que el promedio de las incautaciones realizadas durante el sexenio de AMLO.
En cuanto a la corrupción entre funcionarios públicos, la Operación Enjambre, iniciada por el gobierno de Sheinbaum en noviembre de 2024, había permitido detener hasta julio de 2026 a 85 funcionarios y figuras públicas, entre ellos 19 alcaldes y exalcaldes. No obstante, algunos de los expertos consultados para este trabajo consideraron limitado el alcance de la operación.
Aunque la penetración del Estado mexicano por parte del crimen organizado continúa siendo considerable, la cantidad de homicidios del país disminuyó significativamente durante los primeros años del gobierno de Sheinbaum. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —SESNSP—, los homicidios dolosos descendieron de 30.060 en 2024 a 23.609 en 2025, una reducción del 21,5 %.
Sin embargo, algunas de las personas consultadas sostienen que los asesinatos no necesariamente han disminuido, sino que una mayor cantidad de víctimas estaría siendo contabilizada como desaparecida.
La cooperación con Estados Unidos también ha sido destacable. Sheinbaum ha procesado de manera expedita la extradición de 92 personas a territorio estadounidense. Su gobierno autorizó vuelos de drones estadounidenses sobre territorio mexicano y desplegó a la Guardia Nacional para contribuir al control de los flujos migratorios que atraviesan México hacia la frontera con Estados Unidos.
México mantiene al menos doce oficiales militares de enlace en distintas instituciones estadounidenses y realiza regularmente reuniones de Estado Mayor, ejercicios, intercambio de inteligencia y otras modalidades de coordinación con sus contrapartes estadounidenses.
No obstante, la negativa actual de Sheinbaum a extraditar a Rubén Rocha Moya y la reaparición pública de AMLO para criticar duramente la solicitud estadounidense han alimentado especulaciones de que el partido gobernante teme lo que altos funcionarios de Morena extraditados podrían revelar sobre el propio AMLO u otros altos funcionarios mexicanos si decidieran cooperar con las autoridades estadounidenses.
Pese a los avances del gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado y la inseguridad, el país continúa enfrentándose a un laberinto de desafíos, mientras múltiples grupos, a menudo fragmentados, compiten por territorios estratégicos y rutas de narcotráfico.
En gran medida como resultado de las acciones de las autoridades mexicanas, la situación de las dos organizaciones criminales mexicanas más grandes y conectadas internacionalmente —la federación de Sinaloa y el CJNG— se encuentra en proceso de transformación. Ambas fueron designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025.
El arresto en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 dejó fuera de acción al líder de una de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa. La colaboración y entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López para facilitar la captura de El Mayo, después del arresto de su hermano Ovidio Guzmán López en enero de 2023, dejó encarcelados a dos de los cuatro miembros de la otra facción, conocida como “Los Chapitos”.
Es probable que ambos estén cooperando con las autoridades estadounidenses y proporcionando información sobre las operaciones de los dos hermanos restantes, Iván Archivaldo y Jesús Guzmán López.
De manera simultánea, la muerte de “El Mencho” generó una disputa sucesoria similar dentro del CJNG. La organización estaría actualmente dominada por su hijastro, Juan Carlos Valencia González, aunque también podrían disputar espacios de poder Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”, jefe de una unidad de fuerzas especiales del CJNG, y otros integrantes.
Más allá de estas dos grandes federaciones, el panorama criminal mexicano incluye numerosos grupos armados surgidos de organizaciones anteriores, como los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y su antiguo brazo militar, Los Zetas. Los liderazgos de estas agrupaciones también fueron diezmados por las operaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas durante las últimas dos décadas.
Muchos de los grupos más importantes surgidos de esas estructuras fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se encuentran el Cártel del Noreste —una escisión de Los Zetas—, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos —una coalición con base en Michoacán integrada en su mayoría por antiguas organizaciones de autodefensa—, los remanentes del Cártel del Golfo y, en julio de 2026, Los Viagras, con base en Michoacán, y el Cártel de Juárez, con base en Chihuahua.
Principales ámbitos criminales de interés para Estados Unidos
Drogas
Dentro del comercio mundial de drogas, México es importante tanto como país de origen como zona de tránsito para distintas clases de drogas de origen vegetal y sintético.
Entre las primeras se encuentra la cocaína, generalmente trasladada desde Colombia hacia Estados Unidos a través de diferentes rutas mexicanas. Una parte importante de la cocaína que sale de los puertos del Pacífico de Colombia y Ecuador desembarca en la costa pacífica de México antes de ser transportada por tierra hacia Estados Unidos.
En segundo lugar, se produce heroína en México, principalmente en Guerrero y en la región conocida como el “Triángulo de la Heroína”, que se extiende entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. No obstante, en los últimos años el fentanilo ha desplazado considerablemente la producción de otros opioides.
También se produce cierta cantidad de heroína en el área de San Marcos, en la vecina Guatemala, que posteriormente se transporta a través de México hacia Estados Unidos. Históricamente, México también exportó marihuana al mercado estadounidense, aunque la legalización parcial de esta sustancia en Estados Unidos ha reducido su importancia relativa frente a otras categorías de drogas.
En cuanto a las drogas sintéticas, tanto el fentanilo como las metanfetaminas se fabrican químicamente y con frecuencia se prensan en forma de píldoras en México, principalmente en el estado de Sinaloa, aunque también en Durango.
Casi todas se elaboran con precursores químicos obtenidos de empresas radicadas en la República Popular China. El fentanilo, cuya importancia en el narcotráfico mexicano ha aumentado desde la década de 2010, es demandado principalmente por el mercado estadounidense. Otras drogas sintéticas están destinadas en mayor medida a Europa, frecuentemente con la facilitación de organizaciones criminales europeas que operan mediante representantes en México y otros países.
Contrabando de combustible
Aunque la atención y la cooperación de Estados Unidos con México se han concentrado principalmente en el tráfico de drogas y en el traslado ilícito y la trata de migrantes, la multimillonaria industria mexicana del combustible de contrabando —el “huachicol”— ha recibido una atención estadounidense cada vez mayor.
Esto ocurre especialmente cuando el combustible robado o de contrabando atraviesa la frontera, como sucede en zonas como Tamaulipas, o cuando esos flujos se convierten en importantes fuentes de financiamiento para poderosos grupos criminales como el CJNG.
Se estima que el robo y desvío de combustible mediante el huachicol provoca pérdidas de aproximadamente 1.200 millones de dólares a la empresa petrolera estatal mexicana, Pemex. La actividad se concentra en los estados que albergan las principales instalaciones petroleras del país, como Guanajuato, Tabasco y Veracruz.
El negocio está cada vez más dominado por el CJNG, aunque también participan otros grupos criminales. El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades radicadas en México vinculados con el robo y contrabando de combustible, con especial atención a los flujos ilícitos transfronterizos que fortalecen financieramente al CJNG.
Patrones regionales de violencia
Los patrones actuales de homicidio y violencia de México no indican necesariamente dónde se encuentran los bastiones de los grupos criminales, sino aquellas áreas —con frecuencia situadas en los límites geográficos entre distintas organizaciones— donde el control es objeto de mayor disputa o donde se producen enfrentamientos por plazas, puertos y corredores logísticos lucrativos.
Colima
Este pequeño estado de la costa del Pacífico presentó en 2025 la tasa de homicidios per cápita más alta del país: 81,1 por cada 100.000 habitantes. Al igual que en varios otros estados mexicanos, esto representa en realidad una mejora, debido a que los asesinatos en Colima disminuyeron un 25,8 % frente a 2024.
La elevada tasa per cápita también está relacionada con su reducida población. Los 611 homicidios registrados no sitúan al estado entre aquellos con la mayor cantidad absoluta de asesinatos.
La violencia refleja su ubicación en la frontera geográfica aproximada entre las dos federaciones criminales más poderosas de México: Sinaloa y el CJNG. Colima también alberga el puerto de Manzanillo, importante para la importación de precursores químicos utilizados en drogas sintéticas como el fentanilo y para otras actividades criminales. Facciones escindidas, como Los Mezcales, complican aún más el panorama.
Morelos
Este pequeño estado presenta la segunda tasa de homicidios per cápita más alta de México: 54,4 por cada 100.000 habitantes.
Mientras Colima alberga el puerto de Manzanillo, las disputas criminales en Morelos se explican en gran medida por su ubicación central. El estado es adyacente a Ciudad de México y al Estado de México, corazón industrial del país, y constituye además un corredor de transporte hacia el Pacífico.
Su posición también lo coloca en una frontera geográfica difusa entre varias organizaciones criminales poderosas que operan en Guerrero, el Estado de México y otras regiones. Numerosos delincuentes desplazados por operativos realizados en esos estados se habrían trasladado a Morelos.
Actualmente, once grupos compiten por el control de un territorio relativamente pequeño, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el CJNG, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Unión Tepito, Los Tlacos, Los Mayas, Los Linos, La Empresa y Los Rojos.
Guanajuato
Guanajuato encabeza México en cantidad absoluta de homicidios, con 2.539, y registra una tasa de 63,7 por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, la situación representa una mejora, con una reducción del 19,4 % entre 2024 y 2025.
La elevada cantidad de asesinatos refleja la presencia de la refinería de Salamanca, que durante años fue objeto de disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el robo y desvío de petróleo. La instalación es un punto estratégico dentro de la multimillonaria industria ilegal del huachicol.
Guanajuato también se encuentra sobre un corredor industrial fundamental y alberga a otros grupos, incluidos elementos de Sinaloa, células de Los Zetas y la Unión de León.
Chihuahua
Chihuahua registró la segunda mayor cantidad absoluta de asesinatos durante el último año, con 1.797, y una tasa de 44,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Al igual que Baja California, el estado alberga una importante plaza del narcotráfico que proporciona acceso al mercado estadounidense: Ciudad Juárez. Por ello ha sido objeto de disputas entre el Cártel de Juárez, su brazo armado La Línea, elementos del Cártel de Sinaloa y otros grupos, entre ellos Los Viagras, Los Salgueros, La Gente Nueva, Los Mezcales y La Empresa.
Sinaloa
En 2025, los homicidios en Sinaloa aumentaron un 66,6 %, alcanzando los 1.656 casos. Esto otorgó al estado la cuarta mayor cantidad de homicidios y la tercera tasa per cápita más elevada de México, con 52 por cada 100.000 habitantes.
El aumento refleja, probablemente, la neutralización de importantes líderes del Cártel de Sinaloa y las posteriores disputas por el control de las plazas estratégicas del estado.
Baja California
Baja California registró la tercera mayor cantidad absoluta de homicidios de México, con 1.714, y la quinta tasa per cápita más alta, con 41,5 por cada 100.000 habitantes.
La lucha de distintos grupos por controlar partes del estado refleja su posición estratégica como punto de acceso al poblado y próspero sur de California, incluida la plaza de Tijuana.
Baja California también cuenta con un importante mercado minorista de drogas que los grupos criminales se disputan. El estado es escenario de enfrentamientos entre remanentes del Cártel de Sinaloa y la organización Arellano Félix o Cártel de Tijuana, que históricamente desempeñó un papel importante en el control de esa plaza.
Michoacán
Los 1.267 homicidios registrados en Michoacán durante 2025 situaron al estado en el séptimo lugar nacional.
Michoacán alberga el puerto estratégico de Lázaro Cárdenas, utilizado también para el narcotráfico y otras actividades criminales, y ha sido escenario de algunos de los operativos y enfrentamientos más intensos del país.
Muchas de las batallas involucran al CJNG, cuyo antiguo líder, “El Mencho”, nació en Aguililla, Michoacán, cerca de la frontera con Jalisco, estado que dio nombre a la principal base operativa de la organización.
En diferentes zonas de Michoacán, el CJNG se enfrenta a numerosos grupos, incluidos Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. El nivel de confrontación armada es considerablemente más avanzado que en otras regiones.
En Michoacán se han utilizado drones de combate, vehículos blindados de fabricación artesanal y una cantidad creciente de artefactos explosivos improvisados, entre otros instrumentos letales.
Conclusión
México no es, técnicamente, un Estado “gobernado por los cárteles” que necesite una acción militar unilateral de Estados Unidos.
Es, más bien, un socio económico y de seguridad de importancia vital, con el que Estados Unidos comparte una frontera terrestre de 3.110 kilómetros. Su gobierno está logrando avances encomiables, aunque no necesariamente decisivos, en el combate contra graves amenazas planteadas por numerosos grupos criminales financiados directa o indirectamente por la demanda de drogas de Estados Unidos y Europa.
El gobierno mexicano libra estas batallas mientras sus capacidades se ven debilitadas, incluso en sus niveles más altos, por la importante corrupción generada por esos flujos ilícitos.
Ahora más que nunca, México necesita una relación de cooperación respetuosa y el apoyo de su vecino del norte. Trabajar juntos para hacer más seguro y próspero el vecindario profundamente interconectado que ambos comparten responde al interés propio, correctamente entendido, de los dos países.
[1] Sobre el autor: R. Evan Ellis es investigador sénior no residente del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales. El autor agradece a Eduardo Zerón y Roxana Juárez, entre otros, por sus contribuciones a este trabajo.
🌎 Versión en inglés disponible aquí:
Este artículo forma parte de Opidata, la plataforma editorial de Legado a las Américas para el análisis de temas clave en la región.
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