El nuevo gobierno de Keiko Fujimori en Perú: un comienzo difícil en un camino peligroso
Por: R. Evan Ellis [1]
R. Evan Ellis analiza los primeros pasos del gobierno de Keiko Fujimori frente al crimen organizado, la corrupción y la fragmentación política, así como el complejo equilibrio que deberá mantener entre Estados Unidos y China.
Introducción
El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió como la décima persona en ocupar la Presidencia del Perú en los últimos diez años. Su gobierno, que enfrenta graves problemas de crimen organizado, inseguridad pública, corrupción y fragmentación política, ha tenido un comienzo difícil. Ha estado marcado por el descontento público con algunos de sus nombramientos ministeriales, ciertos retrasos en la presentación de su agenda legislativa ante el Congreso y la percepción, entre muchos peruanos, de que Keiko está más orientada a construir consensos y es menos una líder decisiva a imagen de su padre, como muchos esperaban.
Su primer ministro, Luis Galarreta, es políticamente experimentado, aunque algunos lo consideran demasiado cercano a las élites izquierdistas “caviar” del Perú y demasiado tibio a la hora de comunicar la agenda de la Presidenta.
Como contrapeso a esas preocupaciones, Keiko ha nombrado al respetado tecnócrata Elmer Cubas como ministro de Economía y Finanzas. Su canciller, Carlos Espa, ha tomado medidas para reconstruir las relaciones del Perú con Estados Unidos, México y vecinos más inmediatos como Chile. El gobierno de Keiko también ha comunicado una visión razonable de las prioridades de su administración.
Ante los desafíos que enfrenta el país, el gobierno de Keiko ha solicitado al Congreso peruano 120 días de facultades legislativas extraordinarias. Sin embargo, no está claro cuánto de esa solicitud concederá la nueva Cámara de Diputados, dominada por la izquierda, qué partes aprobará ni cuánto demorará en tomar una decisión.
Este artículo examina los principales desafíos y decisiones estratégicas que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori, con especial énfasis en el crimen organizado transnacional y la inseguridad, las relaciones del país con la República Popular China (RPC) y Estados Unidos, y las cuestiones de corrupción pública y gobernabilidad. El análisis se basa en conversaciones del autor con especialistas durante su visita al Perú en agosto de 2026 y en investigación complementaria.
Crimen organizado e inseguridad
El descontento ciudadano frente al crimen organizado y la inseguridad, así como la percepción de que Keiko enfrentaría estos problemas mediante políticas similares al enfoque de “mano dura” de su padre, fueron factores importantes en su elección.
La dinámica criminal del Perú refleja una interacción entre importantes economías ilícitas en las zonas rurales —alimentadas por el cultivo de coca, la minería ilegal y la tala clandestina— y economías igualmente criminales en las áreas urbanas, donde los beneficios de la minería ilegal, la coca y la tala son lavados a través de la construcción y de una actividad comercial mayoritariamente informal.
La dinámica urbana se ve complicada por la presencia de al menos 1,5 millones de venezolanos y otras personas desplazadas y marginadas, que son extorsionadas, robadas y explotadas por bandas violentas como el Tren de Aragua, Los Pulpos, Los Choneros de Ecuador y grupos más pequeños con participación colombiana, enfocados principalmente en la extorsión y en préstamos usurarios conocidos como “gota a gota”.
Las 85.000 hectáreas de coca cultivadas en el Perú, según la organización antidrogas DEVIDA, colocan al país en segundo lugar a nivel mundial, detrás de Colombia. La producción ilícita no se concentra únicamente en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro —el VRAEM—, sino que se extiende cada vez más hacia zonas bajas de Loreto y Ucayali, especialmente en las fronteras con Colombia y Brasil.
También existe producción de coca en el sureste, en Puno, cerca de Bolivia.
La minería ilegal continúa siendo un problema en todo el país, particularmente en Madre de Dios, Junín y, en el norte, en áreas como Pataz y La Rinconada. Actores internacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de Brasil, estarían involucrados tanto en estas actividades mineras como en la producción y transporte de cocaína.
La tala ilegal es especialmente pronunciada en los remotos departamentos orientales de Loreto y Ucayali, donde existen sinergias entre las redes humanas, la logística y los flujos financieros vinculados a la economía ilícita de la cocaína.
Según algunas de las personas consultadas para este trabajo, la minería ilegal representa riesgos particulares para la democracia peruana debido a sus vínculos económicos con numerosos excongresistas y congresistas actuales, políticos locales y otros integrantes de las élites.
A este panorama de criminalidad y débil presencia estatal se suma el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, que continúa manteniendo aproximadamente 250 integrantes concentrados en el VRAEM, particularmente en Vizcatán. Según informes, la organización ayuda a proteger actividades criminales de la región y recibe financiamiento de ellas, especialmente del cultivo de coca.
En cuanto a los desafíos urbanos del Perú, durante 2026 los medios locales informaron sobre casos de extorsión de gran repercusión no solo en los suburbios pobres del área metropolitana de Lima, como el Cono Norte y Callao, sino también en otras partes del país, particularmente en los departamentos de La Libertad y Piura.
A los problemas de inseguridad y economía ilícita se suma que este año se espera un fenómeno de El Niño particularmente intenso, con temperaturas elevadas del agua que afectan la pesca y precipitaciones récord capaces de perjudicar la agricultura y provocar inundaciones y deslizamientos, afectando los medios de subsistencia de aproximadamente 1,2 millones de peruanos.
El gobierno saliente había logrado avances modestos contra el crimen organizado y la inseguridad. Las 85.000 hectáreas de coca mencionadas anteriormente representaban una disminución del 5,8 % respecto al año previo, constituyendo el tercer descenso anual consecutivo.
La tasa de homicidios, de siete asesinatos por cada 100.000 habitantes, es aproximadamente un 7 % inferior a la de 2025 y considerablemente menor que su máximo de 10,1 por cada 100.000 habitantes registrado en 2024.
La Policía Nacional del Perú informó que las extorsiones durante el primer trimestre de 2026 fueron un 46 % inferiores a las del primer trimestre de 2025. Sin embargo, varias personas consultadas para este trabajo advirtieron que la reducción de denuncias podría deberse a que las bandas han consolidado su control sobre determinados barrios.
Partiendo de una planificación que probablemente comenzó antes de la toma de posesión de Keiko, las Fuerzas Armadas y la Policía pusieron en marcha varias operaciones importantes contra el crimen organizado.
Al día siguiente de la investidura de Keiko, fuerzas peruanas en el VRAEM dieron muerte al “camarada Richard”, un importante dirigente del grupo terrorista Sendero Luminoso. La propia Keiko dio seguimiento al operativo con una visita personal a la región el 1 de agosto.
Entre otras operaciones importantes realizadas por fuerzas peruanas durante las semanas posteriores a su toma de posesión se encuentra “Jaguar”, una acción contra traficantes de cocaína en Ramón Castilla, cerca de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas peruanas también han ejecutado importantes operaciones contra la minería ilegal en Pataz y Madre de Dios, aunque algunas de las mayores zonas de minería ilegal del Perú, como La Rinconada, han recibido mucha menos atención estatal.
En respuesta a la inseguridad pública, el gobierno de Keiko puso en marcha el “Plan Escudo”, cuyo nombre se inspira notablemente en la iniciativa “Escudo de las Américas” liderada por Estados Unidos.
La operación desplegó 4.000 policías nacionales adicionales en el área metropolitana de Lima, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las personas consultadas para este trabajo señalaron que gobiernos peruanos anteriores han realizado regularmente operaciones similares y, hasta ahora, no perciben un cambio sustancial en la situación de seguridad.
El gobierno de Keiko también está actuando de manera preventiva para prepararse ante la intensificación del fenómeno de El Niño durante este año. Ha destinado 450 millones de soles para reforzar 80 puentes identificados como vulnerables y fortalecer 380 “puntos de intervención”, además de concentrar medidas preventivas en 607 distritos considerados particularmente vulnerables.
Sin embargo, las personas consultadas expresaron preocupación sobre si el gobierno podrá financiar y ejecutar adecuadamente, al menos, una capacidad mínima de respuesta frente a las inundaciones y deslizamientos que se espera afecten a comunidades de la costa noroccidental.
Señalaron que, a diferencia del crimen organizado, al que los peruanos se han acostumbrado en cierta medida, la respuesta del gobierno frente a los desafíos de El Niño influirá directamente en la percepción ciudadana sobre su capacidad para atender necesidades básicas y urgentes.
Aunque estas actividades indican que el gobierno de Keiko está tomando medidas para enfrentar los graves desafíos de seguridad del país, varias personas consultadas expresaron preocupaciones respecto de la selección de los principales responsables del sector seguridad y sobre si Keiko posee las características de liderazgo decisivo y carismático que muchos peruanos valoraban en su padre.
Entre las principales dudas figura si el nuevo ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, antiguo candidato presidencial y percibido por algunos como un progresista crítico de las Fuerzas Armadas, cuenta con la experiencia suficiente para ocupar el cargo.
Algunos de los consultados expresaron además preocupación por sus vínculos difundidos públicamente con la minera Poderosa, en el norte del país, donde las Fuerzas Armadas llevan adelante importantes actividades para combatir operaciones ilegales.
Otros plantearon interrogantes sobre los vínculos familiares y de otro tipo del ministro con Chile, histórico rival geopolítico del Perú.
Más allá del ministro de Defensa Belaunde, algunos colegas señalaron que el nombramiento como ministro del Interior de César Astudillo, un respetado general retirado del Ejército, generó incomodidad entre ciertos sectores de la Policía Nacional del Perú, acostumbrados a que uno de sus propios integrantes ocupara el cargo, especialmente después de que Astudillo nombrara a varios antiguos colegas del Ejército en puestos clave del Ministerio del Interior.
Otros nombramientos, sin embargo, han recibido valoraciones más positivas. Entre ellos se encuentra el del general retirado Hugar Cornejo Valdivia al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Cornejo ya había dirigido el organismo durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Según informes, Keiko deposita gran confianza en él, posiblemente por su relación con su padre cuando Cornejo ejercía funciones académicas y Keiko era todavía una niña.
Algunas personas consultadas, sin embargo, expresaron preocupación por el delicado estado de salud de Cornejo y por si dispondrá del tiempo y la energía necesarios para implementar las importantes reformas que requiere la DINI, fortalecer sus capacidades analíticas y otorgarle una orientación más estratégica de inteligencia nacional.
China y Estados Unidos
La capacidad del gobierno de Keiko para equilibrar una mejora en sus relaciones con Washington frente a los problemas de influencia y riesgos estratégicos asociados con los profundos vínculos comerciales del Perú con la República Popular China probablemente constituya uno de los principales desafíos de política exterior de su Presidencia.
Keiko se ha comprometido a fortalecer los vínculos con Washington, incluida la incorporación del Perú a la coalición Escudo de las Américas.
Su intención declarada de incrementar el uso de las Fuerzas Armadas frente a los desafíos de seguridad interna complementará otros compromisos existentes, como la compra peruana de aviones de combate F-16 estadounidenses y un paquete de apoyo asociado destinado a fortalecer los vínculos con Washington.
Las actividades comerciales y las redes humanas de la República Popular China en Perú, por su magnitud y naturaleza, continuarán generando preocupación en Washington, pero al mismo tiempo serán difíciles de reducir o mitigar para el gobierno de Keiko.
Según informes, el actual ministro de Defensa peruano fue recibido en China antes de ser formalmente designado para el cargo, y varios legisladores peruanos actuales también han sido invitados al país.
Otra dimensión del desafío chino es la continua expansión del megapuerto de Chancay, operado exclusivamente y con escasa supervisión administrativa peruana por el gigante logístico chino COSCO.
En un escenario de guerra, la operación del puerto por parte de COSCO, combinada con un futuro gobierno peruano dispuesto a permitirlo o incapaz de impedirlo, podría posibilitar que la Armada del Ejército Popular de Liberación de China utilizara Chancay para reabastecer sus buques de guerra durante un eventual conflicto con Estados Unidos en el Pacífico oriental.
Un analista de seguridad peruano consultado para este trabajo considera que COSCO emplea a cientos de integrantes de seguridad chinos en el puerto.
Chancay se está convirtiendo también en un puerto cada vez más importante para la importación de productos procedentes de China, lo que plantea desafíos relacionados con el transbordo de mercancías para empresas que importan productos o componentes chinos a través del puerto y luego los exportan a Estados Unidos libres de aranceles en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú.
En tiempos de paz, la escala, automatización y otras ventajas de costos de las operaciones de COSCO en Chancay podrían permitir a la empresa china desplazar de las rutas transpacíficas a competidores como Maersk y Mediterranean Shipping.
Esto otorgaría a la República Popular China capacidad de influencia no solo mediante el dominio de los servicios transpacíficos desde el Perú, sino también sobre los servicios provenientes de otros puertos latinoamericanos del Pacífico, a medida que Chancay se convierta en un gran centro logístico regional.
La construcción de una propuesta conexión ferroviaria transcontinental desde Brasil, atravesando los Andes hasta Chancay, ampliaría aún más la influencia comercial china en el continente.
La influencia de China en Perú se extiende mucho más allá de Chancay. La República Popular China es el mayor inversionista en el sector minero peruano. Además, controla el 100 % de la distribución eléctrica en el área metropolitana de Lima, es uno de los principales productores de petróleo del país y mantiene una presencia considerable en la industria de la construcción, con cientos de proyectos y participación en numerosas otras actividades comerciales.
La infraestructura y los productos chinos dominan también el sector de las telecomunicaciones.
Aprovechando su presencia digital para generar oportunidades de recopilación de inteligencia, el gobierno chino habría donado teléfonos Xiaomi a todos los asistentes del anterior Congreso peruano.
Más allá de estas vulnerabilidades de infraestructura, China se está convirtiendo también en un destino importante para determinados productos agrícolas peruanos. Las exportaciones peruanas de arándanos a China, por ejemplo, aumentaron un 86 % en 2026 respecto de 2025.
En materia militar, la República Popular China ejerce una influencia significativa mediante las redes informales construidas a partir de anteriores ventas de armamento y de los numerosos oficiales militares peruanos y otras personas que han viajado a China.
Como comentó uno de mis colegas militares retirados peruanos: “Nos seducen con toda la atención y los viajes a China”.
Complementando estos viajes, el Ejército Popular de Liberación mantiene actualmente a dos estudiantes con rango de coronel en la Escuela Superior de Guerra del Ejército peruano y otros dos en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).
Durante mi estancia en Lima, un grupo de estudiantes de una de esas clases se encontraba planificando una visita al puerto de Chancay controlado por COSCO, facilitada por esos estudiantes del Ejército Popular de Liberación y por la embajada china.
China también ha vendido al Perú equipamiento militar, desde camiones Beiban, Shanxii y Dong Feng hasta 27 vehículos lanzacohetes múltiples Tipo 90B.
Asimismo, tiene acceso a datos del satélite PeruSat-1 y ha enviado regularmente delegaciones a instituciones militares peruanas como el CAEN.
No obstante, los camiones Dong Feng y los sistemas lanzacohetes Tipo 90B tienen, según informes, mala reputación dentro de las Fuerzas Armadas peruanas debido a numerosos problemas y a su baja calidad.
Más allá de sus actividades militares, la República Popular China recibe regularmente en su territorio a delegaciones del Congreso peruano, así como a políticos, periodistas, profesionales de centros de pensamiento y otros actores.
Del mismo modo, mantiene vínculos con empresarios relacionados con China a través de instituciones como la Asociación de Empresas Chinas en el Perú (ACEP) y la Asociación Cultural Peruano China (APCH).
En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el canciller peruano Carlos Espa ya está facilitando un fortalecimiento de los vínculos bilaterales.
Aunque no es diplomático de carrera, es periodista y no solo creció en un entorno de élite con orientación internacional, sino que también trabajó en un alto cargo de apoyo en relaciones públicas en la Embajada de Estados Unidos en Lima.
Esa experiencia le habría proporcionado conocimiento de primera mano sobre Estados Unidos y su sistema diplomático, así como sobre la diplomacia internacional.
Espa también fue candidato en las elecciones presidenciales de 2026, donde fue ampliamente respetado por sus propuestas. Según informes, se distinguió por adoptar una posición política considerada valiente al criticar al candidato izquierdista Jorge Nieto por su renuencia a rechazar la posibilidad de trabajar con partidos vinculados al terrorismo.
Aunque la propia Keiko podría no contar con la conexión personal previa con el presidente Trump que ha facilitado las relaciones de otros líderes latinoamericanos con Washington, el conocimiento y los vínculos de Espa probablemente ayudarán al Perú a manejar las sensibilidades de la relación con Estados Unidos.
Durante mi visita, Espa también diferenció al Perú de maneras favorables para Washington al romper relaciones con Irán mediante una decisión independiente, pero fuertemente alineada con los objetivos estadounidenses.
Sin embargo, en la medida en que atender las preocupaciones de Washington implique afectar las actividades de la República Popular China y sus empresas, la situación será mucho más complicada para Keiko.
El poderoso papel de las entidades radicadas en China, tanto como compradoras de productos peruanos como operadoras de sectores clave de la economía nacional, junto con sus redes de influencia construidas mediante relaciones legítimas y corruptas con políticos, funcionarios y empresarios del país, dificultará al gobierno de Keiko responder plenamente a las inquietudes de Washington.
Corrupción y gobernabilidad
A medida que avance el gobierno de Keiko, su capacidad para enfrentar los problemas de corrupción y gobernabilidad profundamente arraigados en el sistema peruano probablemente será uno de los factores decisivos para determinar su éxito.
En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, el Perú ocupó en 2025 el puesto 130 de 182 países evaluados, uno de los peores resultados de la región.
La corrupción aparece regularmente en la Policía Nacional y el Ministerio Público del Perú y ha desempeñado repetidamente un papel en la parálisis y destitución de presidentes.
Entre estos casos figuran condenas por corrupción relacionadas con el propio padre de Keiko, Alberto Fujimori, así como con los presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuzynski, aunque los cargos contra este último finalmente fueron desestimados.
También fue encontrada una bolsa de dinero sin explicación en el baño presidencial del principal asesor de Pedro Castillo, Bruno Pacheco.
Dina Boluarte y los presidentes transitorios José Jeri fueron removidos mediante votaciones vinculadas a acusaciones de corrupción, aunque ninguno de ellos fue condenado.
En 2019, la propia Keiko Fujimori fue sometida a prisión preventiva por acusaciones de corrupción que nunca llegaron a probarse, una experiencia que, según informes, la afectó profundamente.
Un colega peruano consultado de manera confidencial para este trabajo se preguntó si los “acuerdos” que Keiko pudo haber tenido que realizar con sectores corruptos del establishment impedirán que tome las medidas necesarias para desafiar esos intereses.
Aunque el Congreso peruano continúa fragmentado entre múltiples partidos, Fuerza Popular, el partido de Keiko, cuenta con una fuerte primera minoría en ambas cámaras del nuevo Parlamento.
No obstante, sus competidores tanto de derecha como de izquierda generarán riesgos políticos para su gobierno.
En la extrema izquierda se encuentran figuras como Alfonso López Chau, Jorge Nieto Montesinos, dirigente del partido Buen Gobierno, el expresidente encarcelado Pedro Castillo y el candidato izquierdista Roberto Sánchez.
Las personas consultadas para este trabajo sostuvieron que la izquierda está esperando los resultados de las elecciones locales peruanas de octubre antes de aprovechar el creciente descontento con lo que percibe como un gobierno tibio de Keiko, junto con la frustración popular por los altos precios del petróleo, las extorsiones a operadores de transporte y otros problemas, para promover huelgas y otras acciones destinadas a presionar o paralizar al gobierno.
Desde la derecha, Keiko también enfrenta presiones de su antiguo rival electoral y actual aliado Rafael “Porky” López Aliaga y su partido Renovación Nacional.
López Aliaga se ha comprometido a respaldar al gobierno de Keiko. No obstante, en respuesta a la actual solicitud gubernamental de 120 días de facultades legislativas “extraordinarias”, señaló que su partido evaluará cada disposición individual según sus propios méritos.
La fuerte retórica y el estilo de López Aliaga también habrían generado ciertas fricciones con el equipo de Keiko.
Más allá de estos actores principales, Keiko podría encontrar oportunidades para alianzas inesperadas con algunos congresistas de partidos de centro e izquierda.
Entre ellos figura Fernando Respigiosi, senador anteriormente crítico del fujimorismo y hoy integrante experimentado de su bancada.
También se encuentra Marlon Aguirre, del partido izquierdista Juntos por el Perú (JPP), quien ha hablado sobre la posibilidad de abandonar su partido para incorporarse a Fuerza Popular.
Más remotamente, Keiko podría encontrar convergencias puntuales con el general Oscar Reto Otero, del ya mencionado partido izquierdista Buen Gobierno, quien en ocasiones se ha acercado y en otras se ha distanciado de los sectores más antimilitares de la coalición opositora de izquierda.
Para navegar estos desafíos, la supervivencia política de Keiko se ve favorecida por el nuevo Congreso bicameral del Perú, que hace más difícil que una coalición de opositores pueda destituir a un presidente sobre la base de argumentos ambiguos, como ocurrió anteriormente mediante votaciones —o amenazas de votación— por “incapacidad moral”.
Aun así, los políticos peruanos todavía están aprendiendo cómo operar y aprovechar las dinámicas del nuevo sistema.
“Durante gran parte de las últimas dos décadas, los gobiernos peruanos no han demostrado ser suficientemente capaces, transparentes o estables para gestionar los problemas cada vez más graves del país.”
Conclusión
Durante gran parte de las últimas dos décadas —y aun antes—, los gobiernos peruanos no han demostrado ser suficientemente capaces, transparentes o estables para gestionar los problemas cada vez más graves del país.
Durante ese período, los desafíos nacionales no han hecho más que crecer, y todavía no existe evidencia convincente de que Keiko vaya a romper con esa tendencia.
Como expresó cínicamente uno de mis colegas peruanos:
“Los presidentes peruanos siempre llegan al poder hablando de todo lo que van a hacer, pero terminan sin hacer nada”.
Varias personas con las que hablé en Lima anticiparon una posible crisis después de las elecciones locales de octubre, aproximadamente al finalizar el “período de luna de miel” de los primeros cien días del gobierno de Keiko.
Señalaron que, para entonces, los grupos criminales locales que se han mantenido relativamente contenidos durante los últimos meses podrían incrementar la violencia para reafirmar su influencia sobre los territorios y sobre los políticos elegidos en octubre.
Un brutal secuestro y cuádruple homicidio ocurrido en Trujillo poco antes de mi visita sirvió como recordatorio del efecto aterrador que puede generar una violencia sin control incluso en la actualidad.
La respuesta del gobierno, que incluyó la detención y presentación pública de sospechosos cuya contextura física y comportamiento no parecían corresponderse con las imágenes públicas del delito, profundizó el desencanto ciudadano con los primeros pasos del gobierno de Keiko.
Para el gobierno, ese descontento podría reforzarse durante los próximos meses por otras fuentes de presión, como la intensificación de los efectos de la temporada de lluvias asociada a El Niño.
La combinación de un avance de la oposición en las elecciones de octubre y estas presiones podría incentivar a la izquierda a actuar de manera más agresiva, aprovechando un creciente descontento para paralizar o incluso hacer caer al gobierno de Keiko.
El potencial de conflicto político en ese momento se verá agravado por las elecciones nacionales en el vecino Brasil, una posible crisis política en Bolivia, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y la visita del papa León al Perú.
Durante mi visita, pregunté a un político peruano de muy alto nivel si, en caso de que Estados Unidos invirtiera en una relación comercial y de seguridad más amplia con el país, podría confiar en que el gobierno de Keiko sobreviviera durante más tiempo que sus nueve predecesores.
“Su gobierno no debería preocuparse por Keiko…”, respondió con confianza.
“Ella va a estar bien.”
Por el bien del Perú, de Estados Unidos y de la región, espero que tenga razón, pero no puedo darlo por seguro.
[1] Sobre el autor: R. Evan Ellis El autor es investigador sénior no residente del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales.
🌎 Versión en inglés disponible aquí:
Este artículo forma parte de Opidata, la plataforma editorial de Legado a las Américas para el análisis de temas clave en la región.
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