Democracia a distancia
El voto exterior de ciudadanos españoles residentes en Cuba plantea una pregunta más amplia sobre ciudadanía, derechos y coherencia democrática.
Por: Elena Larrinaga de Luis.1
Elena Larrinaga analiza cómo el voto de ciudadanos españoles residentes en Cuba reabre el debate sobre ciudadanía transnacional, derechos políticos y la coherencia entre los valores democráticos y la política exterior.
“Un pasaporte no agota el significado de la ciudadanía.”
Ciudadanía más allá de las fronteras
Las convocatorias electorales rara vez escapan a la geometría de las fronteras. Sin embargo, las elecciones generales españolas del próximo 29 de noviembre vuelven a poner de relieve una realidad política cada vez más importante: la ciudadanía ya no coincide necesariamente con el territorio en el que se reside.
La incorporación de nuevos ciudadanos españoles a través de la Ley de Memoria Democrática ha ampliado esa dimensión transnacional. Para numerosos descendientes de españoles residentes en Cuba, la nacionalidad supone el reconocimiento de un vínculo histórico y jurídico con España y, cuando concurren los requisitos electorales correspondientes, la posibilidad de participar en su vida democrática.
Pero esa realidad plantea una cuestión que trasciende el procedimiento electoral: ¿qué significa ejercer derechos políticos asociados a una democracia mientras se reside en un país donde el pluralismo político, la competencia electoral y diversas libertades civiles están severamente restringidos?
La distancia entre el reconocimiento formal de un derecho y las condiciones materiales necesarias para ejercer plenamente la ciudadanía merece una reflexión que no puede reducirse a un asunto administrativo.
El voto exterior y la paradoja cubana
Existe una tensión evidente entre la expansión de la ciudadanía política más allá de las fronteras y la persistencia de sistemas en los que libertades fundamentales continúan limitadas.
Un ciudadano español residente en Cuba puede encontrarse vinculado jurídicamente a un sistema democrático que reconoce el pluralismo, la alternancia y la participación política mientras desarrolla su vida cotidiana dentro de un orden institucional que no ofrece las mismas condiciones de competencia política.
La contradicción no invalida su derecho a participar en la democracia española. Al contrario: hace todavía más importante protegerlo.
Pero también obliga a preguntarse qué responsabilidades acompañan a ese reconocimiento.
La ciudadanía democrática no debería entenderse únicamente como una condición jurídica que permite votar cada cierto número de años. Implica también pertenecer a una comunidad política fundada en derechos, responsabilidades, libertades públicas y respeto a la dignidad individual.
Por eso, el debate sobre los españoles residentes en Cuba no debería limitarse a determinar quién puede introducir una papeleta en una urna o enviar un voto desde el exterior. Debe conducir a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad que tiene una democracia hacia sus ciudadanos cuando estos viven bajo sistemas políticos que restringen libertades que España reconoce como fundamentales.
Una cuestión jurídica que tampoco puede ignorarse
El debate ha adquirido, además, una dimensión jurídica específica.
La interpretación y aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha generado controversias sobre la incorporación al censo electoral exterior de determinados ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante dicha norma.
Esto obliga a distinguir cuidadosamente entre nacionalidad, residencia y derecho electoral efectivo. No todos los nuevos ciudadanos españoles residentes en el exterior se encuentran automáticamente en idéntica situación electoral.
Esa discusión jurídica debe resolverse con garantías, seguridad jurídica y pleno respeto al derecho de participación política.
Pero cualquiera que sea su desenlace, existe una pregunta política que permanecerá: ¿qué relación debe mantener España con aquellos ciudadanos suyos que viven en sociedades donde los derechos asociados a la ciudadanía democrática no pueden ejercerse plenamente?
Entre los intereses y los valores
La relación de España con Cuba ha estado históricamente marcada por vínculos humanos, culturales, económicos y diplomáticos excepcionales.
Precisamente por esa cercanía, la política española hacia la isla no debería reducirse a una elección simplista entre intereses y valores.
Toda política exterior necesita atender intereses nacionales legítimos: comercio, inversión, seguridad, cooperación y relaciones diplomáticas forman parte de las responsabilidades ordinarias de cualquier Estado.
El problema aparece cuando esos intereses se convierten en una razón para relegar indefinidamente la defensa de principios que el propio Estado considera fundamentales dentro de sus fronteras.
Una política exterior democrática madura debe poder hacer ambas cosas: proteger intereses legítimos y defender, al mismo tiempo, la dignidad humana, las libertades civiles y políticas y el derecho de las sociedades a construir instituciones representativas.
No se trata de imponer desde fuera un modelo político, sino de evitar que la defensa de la democracia sea presentada como un principio universal dentro de España y como una consideración secundaria cuando se trata de sus relaciones exteriores.
Una responsabilidad con la ciudadanía exterior
El gobierno que surja de las próximas elecciones españolas tendrá la oportunidad de revisar esta tensión.
España posee una relación histórica con Cuba que le otorga responsabilidades y posibilidades que otros actores internacionales no tienen. Su comunidad humana compartida, la presencia de ciudadanos españoles en la isla y los profundos vínculos familiares entre ambos países hacen que esa relación sea algo más que un expediente ordinario de política exterior.
La defensa de los derechos de los españoles residentes en Cuba no debería limitarse a garantizar trámites consulares o participación electoral.
También debería incluir una preocupación consistente por las condiciones en las que esas personas desarrollan su vida, expresan sus opiniones, acceden a información, participan en organizaciones sociales y ejercen las libertades que forman parte del concepto democrático de ciudadanía.
Esa responsabilidad no debería ser incompatible con el diálogo diplomático. Por el contrario, debería darle contenido.
Democracia a distancia
La globalización ha multiplicado las ciudadanías transnacionales. Hoy es perfectamente posible pertenecer jurídicamente a una democracia mientras se reside a miles de kilómetros de ella.
Pero un pasaporte no agota el significado de la ciudadanía.
El caso de los españoles residentes en Cuba revela una paradoja particularmente intensa: derechos políticos reconocidos por una democracia pueden coexistir con condiciones políticas locales que restringen muchas de las libertades sobre las que esos derechos se apoyan.
Por eso, el debate sobre el voto exterior no debería reducirse a una cuestión electoral.
Es también una prueba de coherencia.
Una democracia demuestra la solidez de sus valores no únicamente cuando los aplica dentro de sus fronteras, sino cuando consigue que esos valores orienten, con prudencia y realismo, la manera en que se relaciona con el mundo.
Solo entonces la ciudadanía a distancia dejará de ser únicamente una condición jurídica para convertirse en expresión efectiva de una comunidad política fundada en la libertad y la dignidad humana.
- Elena Larrinaga de Luis es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid; galardonada con el premio Jeane J. Kirkpatrick 2024, Presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y de la Red Femenina de Cuba, además de responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición en Cuba. Es cofundadora de hitos democráticos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio independiente Diario de Cuba. En lo personal, se define por una incansable vocación de servicio a la libertad y una profunda convicción de que la defensa de la dignidad humana no admite fronteras ni silencios. ↩︎
